Comisión de Defensa al Consumidor

Correo Electrónico: casapatriarosario@gmail.com

Coordinador

Juan Alcaraz

Integrantes

Daiana Ayelen Alcaraz.

María Cristina Bondioni.

Elías Oscar Caruso.

Ricardo Córdoba.

Conrado Ugarte.

Carlos Curi.

Lucía Avellino.

 

Graciela Gallo.

María Susana Glen.

Claudia Morera.

Rut Pinto.

María del Rosario Rodríguez.

Silvana Natalia Sisti.

Diagnósticos y Desafíos 2021

Entre los años 2015/2019 se eliminaron los subsidios a las tarifas de los servicios públicos, produciendo exorbitantes incrementos en los mismos, los cuales recibieron el concepto de “tarifazos” y de “megas tarifazos”. Sumado a ello las medidas económicas de ortodoxia neoliberal determinaron la caída del salario, lo cual produjo, en la mayoría de lxs usuarixs y consumidorxs, la imposibilidad de pago de los mismos.

 

Entiéndase bien no la intención de no pago, sino la imposibilidad de pago, ya que, en la mayoría de los casos, debieron optar entre alimentarse, o lxs jubiladxs, sobre todo, entre comprar los medicamentos necesarios para seguir preservando su salud o abonar estos tarifazos, ello produjo un efecto desbastador, no solo en los consumidorxs residenciales, sino que además afecto a los pequeños comercios, pymes, clubes, etc.,

 

Impacto de los tarifazos en Rosario y en localidades de la

provincia de Santa Fe.

Rosario fue el reflejo de lo que sucedió, no solo en las distintas ciudades de la Provincia de Santa Fe, sino también de las distintas ciudades de la República Argentina. Allí los tarifazos produjeron el cierre de pymes, sobre tales cierres la Unión Obrera Metalúrgica constato que: ( Entre Febrero de 2016 a Junio de 2017, es decir en el transcursode menos de un año y medio, se dieron de baja 72 Pymes (Plataforma web Estado de Alerta) y en los últimos 5 meses del 2018, cerraron 43 empresas ( es decir que si hacemos una proyección matemática, desde febrero del 2016, a Diciembre de 2019, en Rosario se han cerrado alrededor de más de 4.000 pymes.

A nivel nacional

Según la información advertida por la Asociación de Empresarios Nacionales - ENAC – la cual fue ratificada por los datos de AFIP, dejaron de existir 5170 firmas en el primer cuatrimestre del 2019, el número equivales al cierre de 43 empresas por día. Se trata de un agravamiento de la situación ya que se registraron 23 cierres diarios en esos mismos cuatro meses de 2018, mientras que el promedio diario de todo el año 2017 fue de 18 cierres.

 

En un año ya superan las 12 mil firmas que dejaron de funcionar, llegando a diciembre del 2019 a la cantidad de más de 40.000 pymes cerradas. La cantidad de empresas activas actualmente es la más baja desde abril de 2010. Se debe tener presente que las pymes representan el 99.6% del total de unidades económicas y aportan casi el 70% del empleo, el 50% de las ventas y más del 30% del valor agregado.

 

En cuanto a los comercios

En un relevamiento efectuado por la multisectorial Rosario contra los tarifazos, en el mes de julio del 2018, se constató en el área comprendida entre España a San Martin y desde Pellegrini a San Lorenzo, alrededor de más de 350 locales cerrados, tales locales fueron, en dicha oportunidad, señalizados con la leyenda: “este negocio y sus trabajadorxs fueron víctimas de los tarifazos y el ajuste”.

En el año 2019 la cantidad de locales vacíos en Rosario, ya llegaban a 3.529, un 62 por ciento más que en abril de 2017 y cuatro veces más que en el mismo mes de 2015. El fenómeno se registraba en todos los corredores comerciales, pero sobre todo el macrocentro.

 

Esta situación ya fue advertida, en fecha 24 de mayo del 2016, en oportunidad de haberse interpuesto un recurso basado en la ley 10.000, ante los tribunales ordinarios de la ciudad de Rosario, por parte de legisladores, concejales, comerciantes, usuarixs y consumidorxs del servicio Público de energía eléctrica, brindado por la E.P.E., cuya demanda en unos de sus párrafos expresaba:

            “El art. 1 de la ley 10.000, también establece como requisito que se vea lesionado intereses simples o difusos de los habitantes de la Provincia en la tutela de la salud pública, en la conservación de la fauna, de la flora y del paisaje, en la protección del medio ambiente, en la preservación del patrimonio histórico, cultural y artístico, en la correcta comercialización de mercaderías a la población y, en general, en la defensa de valores similares de la comunidad”.

La aplicación del tarifazo y/o incremento y/o reajuste de las tarifas de la energía eléctrica, en la Empresa Provincial de la Energía, en el periodo cuestionado, produce violación al interés simple o difuso de lxs habitantes de esta ciudad de Rosario, de la correcta comercialización de mercaderías a la población. Estas se tornan impagables para los comercios y las Pymes, y como consecuencia de ello se producen los cierres de Comercios y Pymes, afectando la correcta comercialización de mercaderías a la población, y aumentando la desocupación y desempleados. Se debe tener en cuenta que no se trata del cierre de uno o dos comercio o Pymes, por la causal invocada en el presente ya se ha producido el cierre de casi el 20 %., de comercios de los Centros Comerciales a Cielo abierto de nuestra ciudad, teniendo en cuenta que existen aproximadamente 29 centros comerciales, los cuales nuclean, cada uno, aproximadamente, entre 290 a 300 comercios, estaríamos hablando de aproximadamente del cierre, hasta la fecha, de 1.740 comercios, debiendo sumar una cifra también importante de Pymes.

 

Por ello, atento que la comercialización se refiere al conjunto de actividades desarrolladas por comercios y Pymes con el objetivo de facilitar la venta de mercaderías a la población, la correcta comercialización de mercaderías se ve tremendamente afectada por el alto porcentaje de comercios y Pymes que se cierran o pueden llegar a cerrar por la aplicación del tarifazo y/o incremento y/o reajuste de las tarifas de la energía eléctrica, en la Empresa Provincial de la Energía, en el periodo cuestionado.

Los clubes

En cuanto a los clubes ya en fecha 16 de Julio del 2019 dieron su voz de alerta en virtud que tenían que hacer frente a facturas de gas de hasta $175 mil por la pileta climatizada. En tal fecha la asociación que nuclea a dichas entidades amateur advirtió que se tornaba inviable mantener las instalaciones a pesar que "todavía no llegaba lo más crudo del invierno".

 

Los clubes de barrio se transformaron en comedores comunitarios, mercados de trueque, y asilaban a personas en situación de calle, tal como se afirma en el informe periodístico.

 

Pero el efecto más desbastador de estos tarifazos que superaron y largamente la inflación y el aumento salarial promedio, los sufrieron y lxs ciudadanxs comunes, lxs ciudadanxs de a pie, dado que muchos se vieron en imposibilidad de pagar estos servicios públicos y muchos se vieron y privados de tales servicios públicos. Tal es así que, por ejemplo, el porcentaje de morosidad en el Pago del Servicio de distribución domiciliaria de Gas, que presta Litoral Gas S.A. en esta ciudad, ya en el mes de noviembre del 2018, ascendía a un 30 %.

 

Esto fue expresamente reconocido por el responsable de Relaciones Institucionales de Litoral Gas, José María González, quien en fecha 16 de noviembre del 2018, admitió en declaraciones periodísticas, tal índice de morosidad, (fuente diaria la Capital del 16/11/2018), considerando que de la totalidad de clientxs cautivos de dicha empresa en la provincia de Santa Fe es de 626.558, más 150.000 Santafesinxs, a dicha fecha, no podían hacer frente al pago de tal servicio. Tal porcentaje fue ascendiendo ostensiblemente, hasta diciembre del 2019.

Conclusión

El presente informe refleja la difícil situación que tuvo que afrontar la ciudad de Rosario, la Provincia de Santa Fe y el pueblo todo de la República Argentina por los tarifazos de los servicios públicos y las políticas económicas llevadas adelante por el gobierno provincial socialista y el gobierno de Mauricio Macri. La economía familiar, estaba seriamente afectada por los aumentos de tarifas que se encontraban dolarizadas, con el objetivo de aumentar las ganancias de las empresas prestadoras de tales servicios.

 

Lxs ciudadanxs, que aún tenían la suerte de estar en el mercado formal de empleo, cobran sus salarios en pesos debiendo pagar los servicios a valor dólar. Estos salarios fueron seriamente afectados por las devaluaciones del peso frente al dólar, situación que se agravó aún más en los casos de aquellxs ciudadanxs que fueron despedidxs, no lograron conseguir un empleo formal y se encontraron trabajando en condiciones precarizadas, sin derechos a paritarias.

 

La caída del consumo y el elevado incremento de las tarifas provocó la caída de la demanda que fue, a su vez, afectando a los comercios, pymes y a las empresas, que también se vieron perjudicadas por los tarifazos. Miles de comercios, pymes y empresas debieron cerrar sus puertas, generando desempleo y caos económico en todo el territorio nacional. Esta situación se sumó a las elevadas tasas de interés que se debían pagar, formando un combo explosivo para cualquier comercio, pyme o empresa, y produciendo, como consecuencia, el corte de la cadena de pago.

Esta fue una de las herencias que dejo el gobierno de Macri a nivel nacional

En este punto trataremos el (TIC), los Servicios de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones:

Se debe tener muy presente que tales servicios fueron y son un servicio público esencial y estratégico, y así lo fue ratificado por el Decreto de Necesidad y urgencia 690/2020, de fecha 21 de agosto del 2020, el cual en sus considerandos destaca: “Que el derecho de acceso a internet es, en la actualidad, uno de los derechos digitales que posee toda persona con el propósito de ejercer y gozar del derecho a la libertad de expresión. La ONU ha expresado en diversos documentos la relevancia de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) para el desarrollo de una sociedad más igualitaria y la importancia de que a todas las personas les sea garantizado su acceso a las mismas."

El Decreto de Necesidad y Urgencia 690/202, en su art. 1, expresa: “Incorporase como artículo 15 de la Ley de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones N° 27.078, el siguiente texto: Artículo 15- Carácter de servicio público en competencia. Se establece que los Servicios de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y el acceso a las redes de telecomunicaciones para y entre licenciatarios y licenciatarias de servicios TIC son servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia. La autoridad de aplicación garantizará su efectiva disponibilidad”.

Por tratarse de un servicio público esencial, además se debe tener muy presente lo que fuera expresamente establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo “CEPIS”. Específicamente, en el considerando 30 de su fallo, el máximo Tribunal Federal sostuvo que: "(…) los servicios esenciales para la sociedad, reservados a la titularidad pública mediante la calificación de servicio público, son aquellos cuyas prestaciones se consideran vitales e indispensables para el conjunto de los ciudadanos, con el fin de asegurar su prestación. Se trata de sectores y actividades esenciales para la comunidad pues en ellos los ciudadanos satisfacen el contenido sustancial de los derechos y libertades constitucionalmente protegidos".

Por ello tal corte del tales servicios, (telefonía, celular, Telefonía fija, servicio de internet, etc.), es totalmente ilegal, no ajustado a Derecho, por ser contrario a los tratados Internacionales, Constitución Nacional y Provincial, Código Civil y Comercial, Ley 24.240 de Defensa del Consumidor, dado que los os servicios Tecnológicos de la   Información y las Comunicaciones, (TIC), son servicios públicos, básicos y esenciales, que constituyen un Derecho Humano fundamental. Así es reconocido por nuestra legislación, por ello la acción del corte de cualquiera de estos servicios ha sido ilegal, al igual que el incremento de su costo sin autorización del Estado, pues es un elemento primordial y esencial de los derechos previsto en nuestra Constitución Nacional, verbigracia: derecho al trabajo, pues viola Derechos Humanos Esenciales, no solo reconocidos por la Constitución Nacional, sino además por Pactos Internacionales, también de rango Constitucional, (tales como el derecho al trabajo, consagrado en nuestra Constitución, art. 14, 14 bis) como así también en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, art. 23, apartado 1. En el Pacto Internacional de derechos Económicos, Sociales y Culturales, (PIDESC), en los art, 6, 7 y 8, se recoge, así mismo, el derecho al trabajo como uno de los derechos económicos, sociales y culturales así como en textos internacionales como la Carta Social Europea, el protocolo de San Salvador, La Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos.

El derecho al trabajo es el derecho fundamental humano. Toda persona tiene derecho al trabajo. El derecho al trabajo es la base para la realización de otros derechos humanos y para una vida en dignidad. Incluye la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado. Es así que el derecho humano al acceso a las TIC y a la comunicación por cualquiera de sus plataformas requiere de la fijación de reglas por parte del Estado para garantizar el acceso equitativo, justo y a precios razonables y es justamente lo que está haciendo el Gobierno actual.

 

Por ello los Estados tienen la obligación primordial de proteger y promover los derechos humanos, asumiendo determinadas obligaciones como la obligación de realizar, la cual comporta la exigencia de que los Estados adopten las medidas legislativas, administrativas, presupuestarias, judiciales, y de otro tipo que sean apropiadas para la realización plena del derecho al trabajo, los Estados deben, por ejemplo, adoptar medidas para asegurar el acceso al TIC, (Tecnología de la Información y las Comunicaciones), y otros servicios esenciales y velar por que esos servicios no sean suspendidos arbitraria e ilegalmente por terceros. Para ello los mecanismos judiciales son un elemento esencial de las medidas de aplicación nacionales, que proporcionan recursos adecuados a las personas en los casos de violación de su derecho al trabajo y prevén las medidas de recurso, al permitir a los tribunales juzgar las violaciones mediante una referencia directa al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, a la Constitución o a leyes específicas que reconocen o incorporan elementos del derecho al trabajo.

aaaaaaaaaaaaaaaa-04-04-04-04.jpg