Comisión de Justicia

Coordinadoras

Carolina Lande

Abi Natalí Zoppi

Integrantes

Miguel Demianczuk.

Elian Griva.

Lucas Digo Presentado.

Román Stanicich.

Paula Ferreyra Soule.

Marcos Torales.

Fabio Freggiaro.

Correo Electrónico: casapatriarosario@gmail.com

Diagnóstico y Desafíos  2021

La Comisión de Justicia de Casa Patria Rosario entiende que la Justicia es una sola y partiendo de esa premisa hemos trabajado con profesionales expertxs en varias ramas del derecho y las ciencias políticas para tener una visión sistémica de los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos tanto en el ámbito provincial como nacional.

A raíz de ello pudimos pensar juntxs, y articuladamente con otras Comisiones de Casa Patria, así como con otros actores de la vida social: universidades, colegios de abogados, organismos públicos y otras agrupaciones políticas de corte popular, la elaboración de acciones que permitan repensar la justicia vetusta que tenemos, analizar las causas de sus prácticas oscuras y elitistas y diseñar políticas de Estado a corto, mediano y largo plazo que nos permitan concretar la Reforma Judicial que nuestro Gobierno Nacional ha propuesto dentro de su plataforma electoral.

Elaboramos un diagnóstico de situación y presentamos por medio de este documento distintas propuestas estratégicas basadas en la mirada plural de lxs compañeros participantes.

Diagnóstico de Situación

La Comisión de Justicia de Casa Patria Rosario surgió luego de la mirada de nuestro gobierno nacional y provincial acerca de la importancia que tiene la justicia en la vida de todxs y cada uno de nosotrxs.

Por medio de las maniobras delictivas del gobierno de Mauricio Macri con la “Mesa Judicial”, los órganos de inteligencia, aquellos sótanos de la democracia que con medidas autoritarias vulneraron abiertamente los principios de independencia judicial y de división de poderes y quebraron el respeto por el Estado de Derecho vimos que un Estado sin justicia es una cáscara vacía y que las consecuencias de ello repercuten muy dañinamente en la vida de todos.

Este accionar, con una sistemática aplicación del Lawfare en toda la región, mediante la cual líderes políticos han sido perseguidxs con procesos infundados, ilegales y tendenciosos nos hicieron pensar que es nuestra obligación como militantes y profesionales del campo nacional, popular, democrático y feminista pensar estrategias novedosas para hacer de la justicia aquello que la Constitución establece que es.

De este modo acompañamos desde la Comisión de Justicia de Casa Patria Rosario el actuar de Alberto Fernández, de Cristina Fernández de Kirchner y de María de los Ángeles Sacnun, pensando un modelo de justicia que sea accesible, transparente, eficaz, democrático y ecuánime.

1. Justicia en la Provincia de Santa Fe

 

El ámbito provincial la justicia no ha sido un ejemplo de transparencia y eficiencia. Siguiendo los modelos conservadores, no ha funcionado de una manera correcta y dejando de lado los principios de justicia que le son propios.

En este sentido, el ingreso al poder judicial de lxs empleadxs en la provincia , se da por un concurso que no evalúa correctamente la idoneidad del empleadx para el cargo. Tampoco se hace por materia, es decir, solo ingresa al Poder Judicial quien logra escribir más palabras por minuto y no quien verdaderamente se ha capacitado en derecho. A su vez, el ingreso no busca muchas veces priorizar a quienes se encuentran capacitados en alguna materia específica, cuestión que provoca que haya personal capacitado en determinada materia- por ejemplo, penal – desperdiciados en otro lugar- ejemplo en procesos sucesorios.

A su vez, creemos firmemente que debe trabajarse con todxs lxs operadorxs del sistema judicial la obligación de capacitarse en políticas de género , como así también en perspectiva de género como lineamiento básico en cada acto que realizan.

En relación a la estructura de la Corte Suprema de Justicia provincial, no solo es importante destacar que actualmente la Corte Suprema de Justicia cuenta con seis (6) miembros, una rareza en este tipo de cuerpos colegiados ya que los casos de empate son recurrentes, sino también el hecho de que solo una de sus integrantes es mujer, evidenciando así la falta de paridad en el Poder Judicial que no solo se evidencia en la Corte Suprema de Justicia de la provincia sino también en las Cámaras en todo el estrato judicial.

Además, es evidente que los operadores una vez que ingresan a la justicia dejan de capacitarse e ingresan en un letargo que les impide seguir al derecho que está en constante evolución y movimiento, ante esto debería ser trascendental instaurar la obligación de rendir cuentas de las capacitaciones/cursos realizados durante sus mandatos para todos los magistrados de la provincia, fiscales, defensores públicos y los ministros de la Corte Suprema.

2. Ministerio Público de la Acusación

Cuando hablamos del MPA, la falta de diseño de política criminal clara es evidente. Esto es trascendental a los efectos de delinear qué delitos tendrán prioridad en la persecución penal, teniendo en cuenta que actualmente el Ministerio Publico de la Acusación carece de lineamientos claros en cuanto a esta cuestión.

Ante esto también es necesario fortalecer los Organismos de Control del Poder Judicial. A partir de la ley 13.013, el Ministerio Público de la Acusación cuenta con un control interno por parte de la Auditoría General de Gestión dependiente del propio MPA. Desde la sanción de la 13.013 hasta la actualidad muchos planteos se han realizado sobre la modificación a dicho contralor, los cuales en su mayoría o rozan lo inconstitucional o directamente van en detrimento de la división de funciones del poder estatal.

Es así que entendemos que, si bien la Auditoría General de Gestión puede ser una herramienta útil para el control del funcionamiento de los organismos y funcionarios Fiscales, no es suficiente una pretendida autonomía funcional, máxime si ella no está ligada a una autarquía presupuestaria que fortalezca la independencia funcional del órgano. Aun así, se deben rediseñar los mecanismos de control externos por parte del poder legislativo, los cuales actualmente distan de ser idóneos a tales fines.

En cuanto a las herramientas que le da el Código Procesal Penal provincial a los fines de lograr salidas alternativas a la prisión, como ser criterios de oportunidad, suspensión de juicio a prueba, etc., muchas veces son dejadas de lado y no son usadas teniendo el encarcelamiento de los individuos como principal objetivo.

El MPA cuenta con muchas herramientas que le otorga el Código de Procedimiento que lo hace un organismo muy poderoso, incluso deja en evidencia la falta de paridad que hay entre el Organismo Acusatorio y la defensa ya sea pública o privada.

Lxs fiscales en muchos casos carecen de contacto con la realidad y al ser puesto en marcha el nuevo sistema y ser tan reciente en algunos casos incluso carecen de capacitación en el mismo

En cuanto a las situaciones de violencia de género es necesario que la víctima brinde su declaración ante un gabinete interdisciplinario, a los fines de evitar que relate estas situaciones varias veces y no se produzca su revictimización.

 

3. Fuero Penal: Implementación del sistema acusatorio pleno. Mayor oralidad y menos burocracia.

Con la llegada del sistema acusatorio en el ámbito federal a la jurisdicción Rosario, pensamos que es preciso acompañar este proceso virtuoso desde distintas áreas. En este sentido, ahora que lxs fiscales federales y lxs fiscales provinciales tienen facultades de investigación, se generará un nuevo escenario en el que la noción de cooperación es indispensable y plantea nuevas posibilidades de rendimiento y mejores resultados.

El nuevo Sistema Procesal Penal tiene ciertas ventajas como ser la instalación de un sistema netamente acusatorio, la oralidad, la inmediatez del juez o la jueza con la víctima, testigxs, imputadx, la publicidad y la celeridad en la toma de decisiones.

Sin embargo, faltan mucho por mejorar. La prisión preventiva, a pesar de estar establecida como una medida de excepción, sigue siendo la regla y lxs jueces y juezas en la mayoría de los casos deciden favorecer al Ministerio Publico Fiscal tomando esta medida en la generalidad de los casos, llenando el sistema carcelario de personas sin condena y que son inocentes hasta que se demuestre lo contrario.

En el ámbito provincial, la desnaturalización de la Audiencia Preliminar que fue pensada como un filtro para que el Ministerio Publico de la Acusación deba reunir evidencia suficiente para elevar las causas a juicio y para que solo ingresen evidencias pertinentes y de calidad ha perdido totalmente su sentido y lxs jueces y juezas patean el problema para más adelante, elevan la mayoría de las causas a juicio y ¨que se haga cargo el que sigue¨, teniendo ante esto el Ministerio Publico de la Acusación una ventaja muy grande por sobre la defensa ya sea pública o privada.

Sobre el particular entendemos que es fundamental la capacitación de los jueces para realizar correctamente esta audiencia, ya que de la experiencia surge que los mismos no utilizan la herramienta tal como está prevista en el Código Procesal.

Otra gran deuda pendiente es la Sanción de la Ley de Juicios por Jurados. La misma sería un modo de participación social en el único poder que no la tiene, el Poder Judicial, y que por eso se encuentra tan apartado de la sociedad misma. El juicio por jurados permitiría de cierta forma democratizar la justicia y que la sociedad tenga injerencia y participación en la misma. Sería fundamental que luego de la sanción de esta ley, se capacite a lxs operadorxs de la justicia en el tema, especialmente en la forma de litigar juicios con jurados y la forma de seleccionar jurados.

Teniendo en cuenta los altos índices de delitos que ocurren en la provincia de Santa Fe, la justicia debe repensarse e instar a una mayor efectividad en la persecución penal de los grandes delitos federales que conllevan al deterioro del entramado social con mayores índices de pobreza, desigualdad, desarraigo y grandes bolsones de pobreza.

 

4. Fuero Laboral / Fuero Civil y Comercial Provincial: lentitud y atrasos.

En el caso del Fuero Laboral, el diagnóstico es largamente conocido: situaciones de colapso por falta de creación de nuevos juzgados laborales y ampliación de la planta de empleados que acompañen el crecimiento demográfico de las distintas circunscripciones, especialmente en el sur de la provincia.

En este sentido, se llevaron a cabo intentos de reformas parciales y cambios de procedimientos con el aparente objetivo de resolver la mora judicial y dotar de efectividad al sistema. Tal es el caso de la obligatoriedad de la conciliación laboral, cosa que no hace más que demorar el proceso. Y tal es el caso también de la oralidad de algunas audiencias que no deja de ser una reforma parcial ya que el resto de la causa tramita por la vía escrita y burocrática de siempre.

Se necesita una reforma integral de la justicia laboral, dotando al sistema de mayor celeridad y ante esto es necesaria que la oralidad llegue y se instale como una alternativa válida y reemplace al viejo sistema escriturista y burocrático del expediente.

Lo cierto es que ayer, hoy y mañana el fuero laboral en la provincia de Santa Fe será muy importante porque si el gobierno que todxs queremos apuesta al trabajo y a la producción debemos tener una justicia acorde a las demandas sociales y en especial de los trabajadores.

Si bien en el Fuero Civil y Comercial también hay mora, no llega a ser tan preocupante como en lo laboral. En este sentido, se están llevando a cabo algunas experiencias de oralidad que para muchos puede llegar a cambiar el paradigma de administración de justicia, pero para muchos otros es algo resistido porque no se está haciendo con la debida planificación y consenso.

Se necesita una reforma integral del mismo que lleve a que la justicia de respuestas más efectivas, mediante un sistema íntegramente oral y erradicar la burocracia del escriturismo y el expediente

 

5. Juzgados de familia.

Específicamente se evidencia una falla muy grave de comunicación entre los juzgados y el Ministerio Publico de la Acusación en los casos de violencia familiar como así también con la Dirección de Niñez. Se deben aceitar la comunicación interdisciplinaria a los fines de dar una solución real a estos temas. También debe capacitarse profundamente en una perspectiva de género, de modo que esta debe ser una perspectiva a seguir por todos los actores de la justicia santafesina.

 

6. Mediación previa, prejudicial y obligatoria.

Instalada por los distintos gobiernos socialistas, actualmente y aún luego de una reciente reforma, sigue siendo muy resistida por lxs operadorxs del derecho porque de alguna manera establece barreras al acceso a la justicia, siendo además solventado por el o la reclamante.

Todo lo cual implica que quien pretenda demandar en gran cantidad de tipo de juicios deberá contar con una suma no menor a los $5000 para poder convocar a una mediación y eventualmente avanzar en un juicio.

En este contexto económico y social se torna en gran cantidad de casos prohibitivo, porque si bien existe la posibilidad de solicitar una mediación gratuita, es tan precaria la estructura de gestión que la demora para acceder a la mediación hace ilusoria cualquier pretensión de reclamo.

Por esto mismo, la mediación prejudicial debería ser optativa porque al ser obligatoria les impone a las partes su convocatoria y no hace más que demorar el proceso mismo

 

7. Reforma Judicial Feminista

Interdisciplinariamente con otras Comisiones, en especial la de Género y Diversidades, marchamos este #8M planteando como consigna la necesidad de una #ReformaJudicialFeminista. La misma, implica pensar acciones concretas que echen luz sobre el sistema patriarcal de justicia y nos interpelen a pensar medidas efectivas para la lucha y erradicación de la violencia de género en todos sus ámbitos y matices. Proponemos darle contenido a la reforma judicial no pensando en un sistema punitivista como solución, sino a través de un cambio endógeno de la justicia machista que impera en nuestra provincia.

 

Mientras los femicidios, que son tan solo el final de una vida marcada por la violencia, no paran de crecer, la justicia no posee las herramientas efectivas para cuidar a las mujeres y diversidades de este flagelo. Por eso es que pensando acciones y medidas conscientes desde el respeto y no revictimización de las víctimas es que estamos trabajando en áreas de debate, asesoramiento y conversatorios para poder volcar en hechos nuestras ideas. Porque Vivas nos Queremos, necesitamos una justicia que no de vuelta la cara, sino que se ponga a trabajar para erradicar la violencia.

 

8. Moratoria Previsional

 

Partiendo del hecho de que solo el 11,2% de las mujeres en edad jubilatoria -entre 55 y 59 años- cuentan con más de 20 años de aportes, según un informe de la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía, se puede concluir que, al cumplir los 60 años, y si reúnen los 30 años aportes de aportes, solo 1 de cada 10 mujeres podrá jubilarse.

En relación a lo anterior, la situación que observamos es que las mujeres que no puedan jubilarse a los 60 años deberán esperar hasta tener los 65 años para acceder a la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor), caso en el cual cobrarán un haber equivalente al 80% del haber mínimo, al margen de la cantidad de años que hayan aportado al sistema.

El Informe oficial dice que, en la actualidad, el 85% de las trabajadoras que se jubilan lo hace a través de una moratoria. En este sentido, la moratoria vigente –ley 26.970- para las mujeres es limitada. Permite acogerse a la moratoria hasta julio de 2022 pero por los aportes no ingresados anteriores a diciembre de 2003, denominada “fecha de corte”, situación que, como militantes del campo nacional y popular, nos preocupa y requiere tanto nuestra ocupación como la del Estado a los fines de brindar una solución que ampare a los distintos sectores de la sociedad que están involucrados en este tema.

 

En todos los casos, una condición para que ANSES acepte la regularización es que se supere el "análisis de vulnerabilidad del socio-económico" que incluye parámetros básicamente de ingresos y bienes, como auto o inmuebles. Un ejemplo práctico de esto es que, muchas veces, las personas no logran superar el informe socioeconómico por la simple razón de poseer una tarjeta de crédito.

 

La propuesta en este sentido, consiste en trabajar la posibilidad de Prorrogar los plazos autorizados para poder acogerse a la Moratoria que en la ley 26.970 hoy permite solo hasta el 12/2003. Es decir que, en esa fecha debería extenderse al menos al 12/2009, y, de esta manera, las mujeres que cumplan 60 años durante el 2021 o antes puedan completar los 30 años de aportes vía moratoria y así poder jubilarse.

 

O, siguiendo esta línea, establecer alguna cláusula que automáticamente prorrogue año tras año ese plazo para que no siga sucediendo ese desfasaje que impide que accedan al beneficio jubilatorio por faltarles 5 o 6 años aportados con posterioridad al 2003.

 

De esta manera se retoma el espíritu de la ley que impulso Néstor Kirchner que buscaba incluir a las mujeres al Sistema de la Seguridad Social Argentino apenas cumplan los 60 años, tengan o no tengan aportes y que de esta manera pasen a formar parte del sistema virtuoso y solidario que maneja ANSES para con los ciudadanos y las ciudadanas desde una perspectiva más inclusiva.

 

9. Acceso a Justicia:

la importancia de la justicia para el militante y la gente de a pie.

Hablar de justicia no es una entelequia, es una cuestión de todos los días. Por eso consideramos que el Poder Judicial debe concebirse como un servicio público y no como un estamento por fuera de la juridicidad y de las normas.

Estamos convencidxs que el Proyecto de Ley de Reorganización de la Justicia en el sistema federal planteado por nuestro gobierno, y debatido ampliamente en el Senado en la Comisión de Asuntos Constitucionales que preside la Compañera Sacnun, es una herramienta para cortar con las acciones mafiosas de Comodoro Py y la persecución mediática y judicial de lxs grandes líderes populares, encabezados en la Argentina por Cristina Fernández de Kirchner. En el mismo sentido la reforma de la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal que requiere darle solución al interinato interminable del Fiscal Casal.

 

Así entendemos la necesidad de democratizar la justicia, donde su composición respete no solo la igualdad de género sino también la de distintos sectores sociales y permita a lxs hijxs de nuestrxs trabajadorxs ser lxs jueces y juezas del mañana, con conciencia de clase y una mirada real de la vida en sociedad.

 

El lenguaje claro como herramienta de comunicación, los procesos de selección transparentes, mediante concursos públicos de oposición y antecedentes, la oxigenación del Consejo de la Magistratura de la Nación, del Ministerio Público Fiscal y de la Corte Suprema son una demanda que nos interpela a pensar el modelo de justicia que queremos.

 

A su vez, no nos parece sensato que la justicia no rinda cuentas a la sociedad de su accionar, no pague impuestos, no presente sus declaraciones juradas y sea el único poder del Estado que incumpla con la capacitación de la Ley Micaela.

 

En palabras de nuestra conductora Cristina Fernández de Kirchner “El anonimato de quienes deciden determinados tipos de causas, siempre es muy conveniente”.

 
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