Comisión de Niñez,
Adolescencia y Familia

Coordinador

Matías Bernodat

Integrantes

Daniela Almada.

Gisela Chavero.

Lisandro Preiti.

Ludmila Álvarez.

Martín Rivero.

Nicolás Te.

Pilar Colletti Morosano.

Correo Electrónico: casapatriarosario@gmail.com

Diagnósticos y Desafíos 2021

“En la República Argentina para poder tener futuro y no repetir nuestro pasado necesitamos enfrentar con plenitud el desafío de cambio. Por mandato popular, por comprensión histórica y por decisión política esta es la posibilidad de la transformación, del cambio cultural y moral que demanda la hora.”

Néstor Kirchner

 

El cuidado en la agenda del Estado

 

Como lo expusimos anteriormente, el tema del cuidado demanda la mayor parte del tiempo de tema de estudio.  Como punto de partida, es importante tener en consideración los aportes de Rodríguez Enríquez y Pautassi (2014) quienes sostienen que “la noción de cuidado refiere a las actividades indispensables para satisfacer las necesidades básicas de la existencia y reproducción de las personas, brindándoles los elementos físicos y simbólicos que les permiten vivir en sociedad “(p.11). Desde este punto de vista, se podría posicionar al cuidado desde una dimensión del bienestar social.

 

Asimismo, Pautassi (2010) considera al cuidado desde el enfoque de derecho, y dentro de la organización social del cuidado, el Estado como actor participante (junto con la comunidad, la familia y el mercado), tiene el deber de promover y garantizar dicho derecho.

 

Argentina ha ratificado su compromiso a través de innumerables pactos, acuerdos y convenciones internacionales, entre ellas la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, como también así, en el año 2005, bajo la presidencia de Néstor Kirchner, la aprobación de la Ley Nacional 26.061, consolidó el avance en materia del cuidado y protección como derecho de las niñas, niños y adolescentes; permitiendo de esta manera, nuevos instrumentos legales de intervención.

 

Ahora bien, la crisis cambiaria producida durante la última etapa del gobierno de Mauricio Macri y las posteriores consecuencias derivadas de la Pandemia por COVID 19, provocaron impactos negativos en la sociedad actual, reflejándose principalmente con el incremento del número de personas con las necesidades básicas insatisfechas. Se pudo observar a partir del indicador del INDEC, niveles de pobreza e indigencia por rango etario entre los años 2017-2020, que el 57,7% de los niños, niñas y adolescentes menores de 15 años se encuentran en situación de pobreza y el 15,7% en situación de indigencia.

 

Teniendo en cuenta este panorama general, uno de los tantos acompañamientos económicos implementados por el Gobierno Nacional durante el año 2020, fue el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que a través del decreto 310/2020 hizo efectiva la implementación de una prestación para los sectores más vulnerables de la sociedad. El INDEC indicó que el mayor porcentaje (27,7%) de los y las destinatarias, fueron aquellas personas registradas para el cobro de la Asignación Universal por hijo.

 

Otra realidad que se presentó en este contexto complejo, acompañado por el cierre de instituciones abocadas al cuidado de la niñez y adolescencia, fue el incremento de horas destinadas a las tareas domésticas y al cuidado de lxs niños, niñas y/o adolescentes dentro del hogar, destacándose el protagonismo de la mujer como responsable de dichas actividades. Esas labores que se realizan de manera invisible, dejan en evidencia las repercusiones de una nueva normalidad difícil de sostener en el tiempo sin transformaciones sustanciales.

 

Por tales motivos, la Jefatura de Gabinete de Ministros en conjunto con el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad han propuesto la conformación de la Mesa Interministerial de Políticas de Cuidado, integrada por los organismos del Estados. Entre ellos, el Ministerio de Desarrollo Social; Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social; Ministerio de Educación; Ministerio de Salud; Ministerio de Economía y las agencias: Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI); ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad); ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social); AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos); INAES (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social), y el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales.

 

A través de la Mesa, el Ministerio de Desarrollo Social aplicó el Plan Nacional Primera Infancia con el objetivo de promover y fortalecer espacios de cuidado en el abordaje integral de niñas, niños y adolescentes; el Plan Cuidado de niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales, que se vincula con la promoción y protección de Derechos de niñas, niños y adolescentes a través del Programa de Acompañamiento para el Egreso de jóvenes sin cuidados parentales y el fortalecimiento del Régimen de Reparación Económica; el Plan Cuidado de población con discapacidad y el Plan Cuidado Comunitario con eje en el territorio que promueve el reconocimiento del trabajo asociado al cuidado favoreciendo la profesionalización de las tareas.

 

A partir de lo desarrollado hasta el momento, se puede afirmar que un desafío por delante es reforzar las políticas de cuidado reconociendo su valor e importancia, asumiendo los trabajos de cuidado como una problemática colectiva. Como bien expresa Batthyány (2021) “El reto más grande es cómo avanzar hacia un mundo en el cual las personas a nivel individual, y la sociedad en su conjunto, reconozcan y valoren la importancia de las diferentes formas de cuidado” (p.103).

 

Por tanto, es fundamental avanzar con una planificación estratégica e integral con presencia de dispositivos de intervención al servicio de la comunidad, con el fin de potenciar las voces y capacidades de las niñas, niños y adolescentes, recuperando el valor de los lazos sociales y las redes comunitarias como favorecedoras del arraigo, la integración, la autonomía y calidad de vida para las familias. El carácter integral interpela a lxs distintxs profesionales y operadorxs del campo, permitiendo reconocer a las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho atravesados por su contexto histórico-social y cultural.

 

La intervención integral por parte del Estado en todos sus niveles (Nacional, Provincial y Municipal), permitirá reconocer al cuidado como una necesidad y como dijo Eva Duarte de Perón “donde existe una necesidad nace un Derecho”. Según Batthyány (2021) “los cuidados de buena calidad deberían ser garantizados por el Estado como un derecho consagrado a las personas que lo requieran, de forma independiente a los vínculos familiares y a las posibilidades económicas que existan en esos hogares” (p-86).

Protección Digital para las niñas, niños y adolescentes

 

Desde nuestros inicios, una de las propuestas a desarrollar por el grupo fue la problemática del Grooming y Bullying; es por esto que comenzamos a trabajar desde mediados del 2020 en articulación con la Asociación Civil “Si nos reímos nos reímos todxs”.

 

Consideramos al Bullying como la intimidación, el abuso, el maltrato físico y psicológico de un/a niñx o grupo de niñxs sobre otrx u otrxs. Incluye una serie de acciones negativas de distinta índole, como bromas, burlas, golpes, exclusión, conductas de abuso con connotaciones sexuales y, desde luego, agresiones físicas. Por otro lado, el Grooming, y en su evolución digital, el online grooming, son formas delictivas de acoso en el que un adulto se pone en contacto con un niño, niña o adolescente para luego involucrarlo en una actividad sexual; es un delito sexual complejo pudiendo ser el inicio de otros.

 

En el año 2018 la ONG “Bullying Sin Fronteras” denunció que el acoso escolar había experimentado un crecimiento del 33% con respecto al año anterior, pasando desde los 2.236 en noviembre del 2017 a 2.974 en 2018. Frente al escenario problemático, es importante destacar que en el año 2020 se sancionó la Ley Mica Ortega, que conforma el Programa de Prevención y Concientización del Grooming y Ciberacoso contra Niños, Niñas y Adolescentes. Esta ley es producto de muchos años de lucha de diferentes organizaciones y a su vez, de un Estado que decidió intervenir y legislar sobre la problemática.

Alimentación como Derecho

 

Otro de los temas abordados desde la comisión consistió en la situación de la Alimentación en niños, niñas y adolescentes ya que los indicadores del INDEC, anuncian: el hambre y dificultad en el acceso a los alimentos.

 

Dicha problemática es comprendida solamente como el derecho humano a la alimentación, solo como una garantía de protección contra el hambre, sino que también incluye la perspectiva de una dieta adecuada y nutritiva para el desarrollo.  El proceso de malnutrición, tanto el sobrepeso y obesidad como la desnutrición, son proyectados a la desigualdad económica y a la pobreza en el país.

 

Al momento de la asunción del Gobierno Nacional, tuvo la decisión política de enfocarse en el tema implementando, la Tarjeta Alimentaria, dirigida a madres o padres con hijxs de hasta 14 años que reciben; la Asignación Universal por Hijo, embarazadas a partir de los 3 meses que cobran la asignación por embarazo, personas con discapacidad que reciben la AUH y madres con 7 hijxs o quienes perciben Pensiones no contributivas. 

 

Asimismo, en relación a la construcción de una política integral de cuidado con perspectiva de género se originó el Plan Argentina Contra el Hambre, que consiste en Promotoras/res comunitarios de seguridad alimentaria y nutricional, que tienen como objetivo controlar la talla y el peso de niñxs y facilitarán la articulación de las políticas alimentarias con las políticas sanitarias, materno infantil, primera infancia, adolescencia, adultos mayores, entre otras. Así como también contribuirán al fortalecimiento de comedores escolares y comunitarios y a la educación alimentaria y nutricional.

 

Como son las mujeres quienes mayoritariamente realizan las tareas de trabajo comunitario y social, la jerarquización de este rol, así como la remuneración económica favorecen la construcción de autonomía económica de las mujeres de los sectores más empobrecidos y vulnerados de nuestra sociedad. El reconocimiento de este rol social comunitario como un rol de cuidado es fundamental para construir desde una perspectiva de género y comunitaria el entramado de la red social.

 
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